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Gaceta Oficial N° 5.391 Extraordinario de fecha 22 de octubre de 1999

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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL DECRETO CON RANGO 

Y FUERZA DE LEY DE ARANCEL JUDICIAL 

El Ejecutivo Nacional, en ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 8° del artículo 190 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 3, literal f) de la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera requeridas por el Interés Público de fecha 22 de abril de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.687 de fecha 26 de abril de 1999, en Consejo de Ministros, promulga el Decreto con rango y fuerza de Ley de Registro Público la cual se enmarca dentro de la necesidad de modificarla Ley de Arancel Judicial en lo relativo a la conversión de Unidades Tributarias de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario que ordena convertir en unidades tributarias o fracciones de las mismas, los montos establecidos en las diferentes Leyes y Reglamentos Tributarios logrando con esto otorgar permanencia y estabilidad en el tiempo a los montos en Bolívares con el objeto de mantener actualizados los valores imponibles fijados para los hechos gravados por las Leyes que tengan este contenido. 

Con el objeto de ejercer un mejor control sobre los contribuyentes y a los fines de conciliar la Ley de Registro Público con la Ley de Impuesto sobre la Renta, se prevé en la reforma parcial, la inclusión de normas creadoras de obligaciones para los registradores, donde se exige la constitución de un registro especial de las personas jurídicas que se encuentren dentro de un proceso de liquidación. Así mismo los registradores deberán enviar a la Administración Tributaria del domicilio fiscal de la sociedad liquidada, una relación mensual de tales liquidaciones, con indicación expresa de la información que determine la Administración Tributaria. 

Se incorpora una norma mediante la cual se dispone que los registradores deben notificar a la Administración Tributaria la apertura de cualquier procedimiento de quiebra, estado de atraso o remate, así como en los casos de ventas de acciones que se realicen fuera de la Bolsa de Valores.