11/02/11.- La responsabilidad de la banca y de los ingenieros municipales en el caso de las estafas inmobiliarias, no está descartada en las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP). Así lo explicó la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz en una entrevista para el diario Ciudad CCS, en la que ofreció detalles sobre este tema.

—Afectados han realizado investigaciones por cuenta propia y presumen que los recursos de los compradores y los créditos se desviaban para la construcción de proyectos fuera del país.

—Se aprovecharon del dinero de los compradores porque no era dinero de ellos. Como hacían los bancos que se aprovecharon del dinero de los ahorristas. El dinero de los ahorristas no es para hacer otros negocios. Pero, ese no es el tema. No vamos a hablar de los bancos.

—Justamente esa es una de las preguntas, ¿se va a investigar el papel de la banca ?

—Estamos investigando eso. Estamos investigando…

—Pero, ¿se van a determinar las responsabilidades en el sector bancario?

— Claro. Así es. En una investigación siempre se determina la responsabilidad o no de quienes hayan ejecutado conductas delictivas. Empiezas a investigar el hecho y a determinar; esto se produjo con la conducta de éste, o del otro.

—¿Qué resultados arrojan las investigaciones sobre el papel de los ingenieros municipales?

—Eso no lo puedo decir ahora porque no han sido imputados. Me estaría adelantando al resultado de las investigaciones. Pero, lo repito, los ingenieros municipales serán citados para ser imputados.

—¿Cómo se han distribuido geográficamente los casos?

—Amazonas y Vargas son los únicos estados donde no se han encontrado estafas. Pero hay estados donde hay muchos casos. Ese es el caso de Carabobo, Portuguesa, Zulia, el Área Metropolitana de Caracas y Miranda.

—¿Qué derechos violaron estas personas que cometieron estos presuntos delitos?

—El derecho a una vivienda digna, cómoda e higiénica que tienen todos los venezolanos. La gente hace grandes esfuerzos para obtener esa vivienda y en ese esfuerzo existe un grupo de personas que se aprovechó de esa necesidad para montar proyectos con el ánimo de estafar, engañar y defraudar. En las investigaciones nos hemos encontrado con la comisión de distintos delitos como la estafa, estafa agravada, calificada, continuada, fraude, oferta engañosa, asociación para delinquir.

—¿Qué tipos de penas podrían acarrear estos delitos?

—Penas de privativas de libertad. Penas de prisión. Son distintos los delitos, sólo en el caso de la estafa la pena es de dos a seis años, en la genérica. En la medida de si es calificada o agravada aumenta la pena.

—¿Por qué motivo se han tomado las medidas de ocupación de bienes?

— En la Ley contra la Delincuencia Organizada se establece unos delitos imputables por considerar que son cometidos por un grupo organizado con el fin de delinquir. En el curso de las investigaciones hemos determinado que algunos grupos constituían varias empresas que estaban relacionadas, de modo tal que ninguno de ellos pudiera asumir la responsabilidad. Eso nos llevó a presumir que pudiésemos estar ante la comisión de un delito previsto en esta ley, y en esos casos nosotros pedimos ocupar estos bienes.

—¿Cuál es el objetivo de la ocupación de los bienes?

—Por ejemplo, si hay un proyecto habitacional que está a medio terminar ocupamos el urbanismo para ver cómo el Estado termina ese proyecto (…) Además de garantizar que no se pueda estafar a otros. Pretendemos que de alguna manera se puedan resarcir los daños a las víctimas de estafa inmobiliaria.

—Pero las personas esperan ver a estos empresarios ante la ley.

—La sanción penal, por supuesto la quieren. Hasta ahora hay cuarenta y dos detenidos. Ni los casos de la bolsa y los bancos juntos llegan al número de detenidos que tenemos con las estafas inmobiliarias.

—Hay afectados que señalan retrasos ¿No llegaron tarde estas medidas?

—De las acusaciones que tenemos, que son 20, puedo asegurar que seis por lo menos, son parte de esas investigaciones que iniciamos en 2009. No que no se dictaron medidas, nosotros solicitamos medidas, pero para yo solicitar una orden de aprehensión, de captura, medida reales, yo tengo que solicitarle al tribunal y el tribunal es el que las acuerda.

—¿Algún mecanismo permitiría acelerar el proceso para dictar medidas preventivas?

—Acuérdate que no las acuerda el MP, sino un tribunal. Yo te respondo por el MP, habría que preguntarle a los tribunales. En una actividad que hubo sobre Yumare la gente decía que el MP no hacía nada y yo le respondí que nosotros habíamos ordenado 29 órdenes de captura, acusamos a ocho personas y pedimos la extraditación de López Sisco por ese caso. El trabajo nuestro ya está hecho (…) Yo no hago los juicios, no capturo, no tengo fuerza policial, no tengo armas, somos un órgano investigador que tiene un bolígrafo como arma.

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Resultados del MP

El Ministerio Público presentó el balance obtenido en las 505 investigaciones que realiza por concepto de estafas inmobiliarias:

- 20 acusados.

- 42 detenidos.

- 102 órdenes de captura.

- 205 medidas reales contra las empresas denunciadas.

- 174 medidas reales contra los dueños y accionistas de las empresas. Estas medidas incluyen la prohibición de enajenar y gravar, congelación de cuentas, además de la petición para la ocupación de bienes.

Andrés Paravisini Rodríguez/Ciudad CCS

Entrada publicada el Viernes 11 de Febrero de 2011 a las 20:46 y archivada bajo la categorí 'General'. Puede monitorear los comentarios de esta entrada a través del feed 'RSS 2.0'. Puede comentar o hacer un trackback desde su website.